Bajo el lema “ni una menos”, miles de mujeres y varones de todas las edades marcharon el 13 de agosto para decir basta a la violencia contra la mujer y la discriminación y hacer un llamado al Estado para que cumpla su rol. La situación es crítica. Solo en el 2015, se registraron 293 víctimas de feminicidio o intento de feminicidio; y en lo que va del año hay 172 víctimas más, aunque posiblemente existan más casos, pues muchas mujeres no denuncian al agresor por temor o vergüenza (consideran que la violencia doméstica pertenece a la esfera de lo privado).
La triste cotidianeidad de la violencia feminicida es silenciada e ignorada por una mezcla de patrones culturales y una débil respuesta desde las instituciones del Estado que no llegan a “brindar la debida protección”. Existen leyes, por ejemplo la Ley del Feminicidio, pero es su aplicación la que no ofrece respuestas coherentes, caso similar son las comisarías especializadas. Hablar de feminicidio genera tensiones dentro del quehacer “rutinario” del Estado y de sus funcionarios, quienes por lo general actúan sesgados por su concepción de género y tienden a reproducir el tradicional sistema patriarcal de género.
La marcha ha sensibilizado sobre un problema latente en nuestra sociedad. Ahora se requiere que l@s peruan@s asuman un compromiso personal para desterrar la cultura machista en todos los espacios y momentos en los que actúa. En tanto, es responsabilidad del Gobierno asumir un rol de liderazgo por la igualdad de género y contra la violencia feminicida, a través de una acción articulada entre los poderes ejecutivo y legislativo, entre los diferentes ministerios y los diferentes niveles de gobierno, para generar un “círculo de protección” hacia las mujeres. No sólo actuando después, sino fundamentalmente para prevenir y cambiar las concepciones de género tradicionales.
Una acción concertada entre ministerios frente al feminicidio debería abarcar un conjunto de medidas que mínimamente comprenda: salud (atención física y sicológica); educación: (promoviendo relaciones de género equitativas e incidiendo para desterrar el machismo); mujer (asegurando que exista ese “círculo de protección” a la mujer y los hijos, instalando casas de acogida); justicia (vigilando y monitoreando sentencias justas, reduciendo los trámites); interior (rotección, atención de calidad, búsqueda de agresores fugados); y trabajo (inserción laboral que ayude a romper el círculo de la dependencia económica/violencia).
En los niveles de gobierno regional y local, se requiere visibilizar el feminicidio como un problema social y transversalizar el enfoque de género en los instrumentos de gestión y en las políticas públicas. Esto se debe concretar en la asignación de presupuesto para lograr que el “círculo de protección” frente a la violencia feminicida funcione. El rol de las instituciones de la sociedad civil deberá ser asumir el reto de transversalizar el enfoque de género en todas sus intervenciones sea cual sea la naturaleza de ellas.
(*) Artículo elaborado con aportes de Maritza Paliza, Responsable de ejes transversales de HELVETAS Swiss Intercooperation Perú.